El ocaso
Según las
disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, Pinochet
debería seguir ocho años más en el puesto de comandante en
jefe del Ejército, en caso que perdiera el plebiscito.
Aylwin, a pesar de
la opinión de muchos en contra, decidió abordar el tema de los Derechos
Humanos, encargándole un informe sobre la situación a una
comisión de personas cuya integridad no cupiera duda. La presidió
Raúl Rettig, entejando el informe en febrero de 1991.
El Informe Rettig, como se le llamó, detalló caso a caso 1.151
muertes, y 979 detenidos desaparecidos. El impacto del informe en la
sociedad fue muy fuerte, lo que preparó el ambiente para el inicio
de los juicios por estos crímenes.
Existía la Ley de
Amnistía para todos los crímenes políticos cometidos antes de 1978,
por lo que la Corte Suprema podía amnistiar inmediatamente a
cualquier militar acusado de estos delitos, sin investigar. El
presidente instó a la Corte Suprema a una nueva fórmula (la
llamada «doctrina Aylwin») en la que debía investigarse
primeros los hechos ocurridos, y después correspondía aplicar la
amnistía. La Corte no lo hizo, por el momento, pero sí lo harían
varios jueces y la Corte de Apelaciones.
La Corte Suprema
marcó un precedente en 1992,
por los casos de «detenidos desaparecidos». Se aplicaría
en estos casos la figura del «secuestro permanente»,
delito que continúa en el tiempo y por lo tanto es inamnistiable,
siendo la única causa para conceder el perdón la aparición de los
cadáveres. Así, se empezó a tramitar juicios contra ex militares
de la desaparecida DINA.
Entre todos los
casos, el más emblemático fue el de Manuel
Contreras, el antiguo director del organismo de Inteligencia, el
cual estaba siendo procesado por el homicidio de Orlando Letelier en
Washington, que la amnistía explícitamente no incluía. Se le
condenó, junto a su segundo el ex general Pedro
Espinoza, a 7 y 6 años de condena, respectivamente, en
noviembre de 1993.
Le correspondería al gobierno de Eduardo
Frei Ruiz-Tagle seguir el juicio de Contreras y su resistencia
al arresto.
Además de los
temas de los juicios, las relaciones ente el Gobierno y Pinochet serían
tensas y difíciles. Para empezar, Pinochet tenía pésimas
relaciones con el ministro de Defensa, Patricio
Rojas, que en varias oportunidades lo instó a renunciar a su
puesto de comandante en jefe. Evitando en lo posible establecer
contacto con él, tocando los temas importantes directamente con el
presidente, sin siquiera consultar al ministro de Defensa. Por otra
parte, Pinochet se movilizaba bien en el Gobierno por medio de Enrique
Correa Ríos, secretario general de Gobierno, a tal punto que
Pinochet dijo que si lo hubiera conocido durante su mandato lo tendría
en el mismo puesto donde estaba.
La antipatía entre
Pinochet y Rojas trascendía el tema de la renuncia y eran también
fuente de conflicto el ascenso de los generales, pues el Gobierno
decidió tratar de sacar del Ejército a los individuos más
involucrados con el régimen anterior. De esta forma se seleccionaba
también a las cinco primeras antigüedades del ejército, entre las
que se nombraría al sucesor de Pinochet.
Pero la crisis
llegaría por otro lado, por el tema de los «pinocheques».
Los «pinocheques»
El año 1988,
se realizó una transacción comercial entre la sociedad anónima
P.S.P. (Proyectos Integrados de Producción) y el ejército por
medio del CMI (Comando de Industria Militar e Ingeniería), que poseía
antes el 49% de las acciones. La sociedad era productora de armas,
pero hacia años que no estaba en funcionamiento, siendo
virtualmente un empresa de papel. La transacción comercial consistió
en la compra del 51% restante de las acciones de parte del Ejército,
por un valor cercano a los tres millones de dólares. Se pagaron en
cheques nominativos, a nombre de Augusto Pinochet Hiriart. El memorándum
del Ejército decía que el 43% de las acciones correspondían a
Pinochet Hiriart, el que negó los cargos, pues aseguró se había
separado de la firma años atrás. Por estos motivos este
suceso se conoció popularmente con el nombre de los «pinocheques».
Fotocopias de los
cheques llegaron al Gobierno, pasando por las manos de Rojas, quien
vio en éste escándalo una forma de provocar la renuncia de
Pinochet. La noticia llegó a la prensa y estalló un escándalo a
nivel nacional, exigiéndose la creación de una comisión
investigadora en el Congreso.
El ministro se
movilizó y se empezaron conversaciones sobre la posible renuncia de
Pinochet. Ballerino, su interlocutor con Rojas, le propuso que éste
renuncie en 1995,
pero le pareció un plazo excesivo. En adelante las versiones
discrepan, Ballerino le informó a Pinochet que en la reunión
siguiente Rojas supuestamente le dio un ultimátum: 15
de abril de 1991
para su renuncia, a contestar en un plazo de 8 horas, lo que fue
negado tajantemente por el ministro.
Sea cual fuere la
verdad, Pinochet reaccionó acuartelando a todo el Ejército, bajo
la excusa de realizar «ejercicios de seguridad, alistamiento y
enlace», término nunca antes usado.
El Gobierno cedió
y Rojas reiteró que nunca hubo ningún ultimátum. La Comisión
investigadora, después de largos meses sólo llegó a conclusiones
ambiguas, y declaró que no existe ninguna responsabilidad del
comandante en jefe. Pero el caso de los Pinocheques aún no concluía.
El «boinazo»
La paralización
del caso Pinocheques duró hasta 1993.
Ese año, el Consejo de Defensa del Estado decidió emprender
una denuncia contra los culpables de este delito (el Ejército perdió
3 millones de dólares al comprar acciones en una empresa de papel,
por lo que se considera una estafa).
El presidente Frei
partió de viaje a una gira internacional, dejando a cargo a Enrique
Krauss, ministro del interior, como vicepresidente. La denuncia
marchaba por buen camino, sin sobresaltos, hasta que en una de las
ediciones del diario La Nación (de tendencia gobernista)
publicó en primera plana la citación al juzgado de ocho oficiales.
Pinochet nuevamente
reaccionó rápidamente, convocó a los generales al edificio de
Defensa, todos vistiendo ropas de combate. Tropas del Ejército
vigilaron el edificio y patrullaron la zona, usando en su traje una
boina negra, por lo que el movimiento que vendría a ser conocido
como el «boinazo».
Se entablaron rápidamente
las conversaciones, Ballerino nuevamente por el Ejército y Krauss y
Correa por el Gobierno. El Ejército solicitó el fin del desfile y
el reemplazo de Rojas. El ambiente se enfrió y se puso fin al
asunto.
El Gobierno cesó
en sus funciones al subsecretario Marcos Sánchez, molesto para el
oficialismo, pero no se obtuvo nada más. Los «pinocheques»
seguirían congelados, hasta que Frei decidió terminar con el
asunto instando al Consejo de Defensa del Estado a no proseguir el
tema, aduciendo «razones de Estado».
Los últimos años
como comandante en jefe
Durante el gobierno
de Frei se continuaron los juicios a los violadores a los derechos
humanos. Pinochet, ya cercano a los ochenta años y con
varias enfermedades, se mostraba menos duro con el desfile de
sus ex colaboradores.
La Corte Suprema
adoptó ahora como oficial la doctrina albín, y los procesamientos
por el caso
Degollados, y la «operación Albania» (ambos fuera
de la amnistía) avanzaban rápidamente, y empezaron a aparecer los
primeros culpables.
El gobierno
construyó una cárcel especial para ellos, Punta
Peuco. Sus primeros convictos fueron Manuel Contreras y Pedro
Espinoza. Pero Contreras no estaba dispuesto a entrar a la cárcel y
se refugió durante dos meses en su parcela, con guardias privados
protegiéndolos día y noche, hasta que finalmente, por medio de
toda una maraña de artimañas para evitar la vejación
de Contreras por sus opositores, que incluía un avión y dobles, se
le encerró en octubre de 1995.
Mientras, Pinochet
preparó su sucesión realizando conversaciones con el ministro de
Defensa Edmundo
Pérez Yoma, los que si se entendieron bien. Designaron a Ricardo
Izurieta, militar totalmente profesional y sin relaciones con
violaciones a los Derechos Humanos.
El 10
de marzo de 1998
el capitán general Pinochet hizo entrega del mando del Ejército a Ricardo
Izurieta, finalizando así su época como militar.
Senador vitalicio
Al día siguiente
de entregar el mando se dirigió a Valparaíso,
para ocupar su asiento de senador vitalicio. Este puesto le
correspondía según la Constitución. Sus opositores, a pesar de
que se llegó a un acuerdo según el cual el día anterior expresarían
sus molestias, se manifestaron en contra de Pinochet cuando este
hizo su juramento, colocándose máscaras de calavera y mostrando
pancartas y fotos de los «detenidos desaparecidos», además
de las manifestaciones en el exterior del Congreso. Al final se
mantuvo al margen de la política activa y no se le vio mucho por el
Congreso. Su acción más destacada durante su periodo parlamentario
fue el acuerdo con el presidente de la Cámara Andrés
Zaldívar para eliminar el día 11
de septiembre como feriado legal (Día de la Liberación
Nacional), y reemplazarlo por el Día de la Unidad Nacional.
En septiembre de
ese año, Pinochet viajó a Londres
(Inglaterra)
junto a su nieto, para realizarse una operación. Aparte de su
enfermedad, Pinochet amaba los viajes, pero durante su gobierno no
realizó ninguno más desde el «filipinazo» y
Londres era para entonces su ciudad favorita.
El Ejército y el
Gobierno lo advirtieron de que no fuera, pues existían demandas
contra él en el extranjero, pero no les prestó atención, ya que
poseía el fuero de senador de la República. El vuelo salió el 21
de septiembre llegando el día siguiente a Londres.
Detención en
Londres
En España,
el conocido juez Baltasar
Garzón reclamó su detención para juzgarlo por las muertes de
ciudadanos españoles ocurridas en Chile durante la Dictadura.
Dictó una orden de detención contra el senador, resolución que
hizo llegar a Inglaterra.
Para entonces,
Pinochet se había internado en una clínica privada, la London
Clinic, el 8
de octubre, para operarse de una hernia.
El día 16, estando
en cama, fue informado de la aceptación del país al pedido de Garzón
y su orden de arresto, determinado por el juez metropolitano de
Londres, Nicholas
Evans, todo en inglés,
idioma que no entendía. La noticia se transmitió de inmediato a
todo el mundo, produciéndose en el extranjero un repudio casi unánime
a la figura de Pinochet, mientras que en Chile se presentaban
opiniones encontradas.
El gobierno recibió
la noticia como «un bochorno internacional para Chile»,
por lo que Frei, junto a sus sucesivos cancilleres José
Miguel Insulza y (desde mayo de 1999)
Juan
Gabriel Valdés iniciaron acciones para lograr su extradición.
Su argumento era que los crímenes del Régimen Militar se habían
cometido en Chile, y por lo tanto correspondía a este país
juzgarlo y a nadie más. Esta política no fue respaldada por todos
los miembros de la Concertación, especialmente ciertos sectores del
Partido
Socialista y el PPD,
que manifestaban su apoyo a la detención del dictador.
La defensa de
Pinochet apeló a la decisión de arresto, pues se aducía que tenía
inmunidad diplomática como ex presidente y senador, apelación que
fue recibida por un primer Tribunal, que aceptó la inmunidad de
Pinochet.
A su vez, esta
resolución fue apelada, por lo que se recurrió a un Comité
Judicial integrado por cinco miembros de la Cámara
de los Lores, que invalidó en noviembre la inmunidad diplomática
de Pinochet. Entre los pocas figuras destacadas que apoyaron a
Pinochet destaca Margaret
Thatcher, quien reveló que Pinochet había cooperado con
Inglaterra durante la Guerra
de las Malvinas.
Sin embargo, la
defensa del senador vitalicio descubrió que uno de los Lores era
miembro de Amnistía
internacional, por lo que habría tenido un obvio interés en
que se juzgara a Pinochet. Por lo tanto, un nuevo Comité de Lores
tuvo que anular la sentencia anterior y formar un tercer Comité.
Éste emitiría su
fallo el 24
de marzo de 1999,
reduciendo los cargos contra Pinochet, considerando fuera de
inmunidad los actos cometidos después del 8
de diciembre de 1988.
Sólo había un delito cometido después de esa fecha en demanda,
relacionado con un joven al que se acusó de robo y que amaneció
muerto en su celda. Pero pronto el ministro del interior Jack
Straw logró reunir más casos, llegando a unos 60.
Mientras se
encontraba bajo arresto domiciliario, Pinochet residía en un casa
particular en Virginia
Waters; mientras tanto, su salud se deterioraba cada vez más,
ya que tenía diabetes
e hipertensión,
a lo que se sumaban microinfartos cerebrales.
Ésto empezó a
preocupar a los dirigentes británicos y españoles. Si se
seguía con el proceso, Pinochet podría morir en Gran
Bretaña, cosa que no favorecía al gobierno laborista
dirigido por Tony
Blair, especialmente considerando la proximidad de las
elecciones, y la incertidumbre de cómo el caso Pinochet las afectaría.
Los gobiernos
buscaron otras soluciones, y una de ellas se presentó cuando la
defensa del general argumentó razones de salud para eximirlo del
juicio. El ministro del Interior británico Jack Straw, dictaminó
el 22
de diciembre que se le realizaran exámenes médicos. Se sometió
el 5
de enero a exámenes neurológicos y geriátricos, los que
revelaron su deteriorado estado de salud.
Considerando el
informe y la edad, Straw decidió liberar a Pinochet por razones
humanitarias el 2
de marzo. Ese mismo día regresó a Chile, aterrizando el día 3
en Pudahuel, siendo recibido por el comandante en jefe Ricardo
Izurieta. Ahí se levantó de su silla de ruedas, caminó triunfante
y saludó con el bastón en alto a sus partidarios que fueron a
recibirlo.
Pero ese no sería
el fin de las querellas en su contra. Mientras estaba en Londres, en
Chile se sumaban querellas en contra de Pinochet, por delitos como
la «operación Caravana de la Muerte», siendo el
encargado de recoger todas estas demandas el juez Juan
Guzmán Tapia; asimismo, sus querellantes presentaban una
solicitud de desafuero en su contra. Era el comienzo de los juicios
de Pinochet en Chile.
Los juicios en
Chile
De regreso a Chile,
Pinochet se encontró con que el juez Guzmán había iniciado su
proceso de desafuero, por considerar que existían suficientes
pruebas en su contra para investigar su presunta responsabilidad en
el secuestro de 18 personas, durante el viaje aéreo que realizó la
una comitiva militar por el norte del país, dejando a su paso esta
estela de crímenes, siendo conocida como la operación Caravana de
la Muerte.
El 3
de mayo el pleno de la Corte de Apelaciones decidió proceder
con su desafuero, por 13 votos contra 9, por lo que la defensa de
Pinochet apeló ante la Corte Suprema, la que dictaminó por 14
votos contra 6 que el senador vitalicio había perdido su desafuero.
La defensa de Pinochet intentó que se sobreseyera al general por
razones médicas, de la misma forma que en el extranjero. Se decidió
realizarle exámenes de salud, que revelaron que sufría de demencia
vascular subcortical, siendo sobreseído en julio de 2002.
Después del
veredicto, Pinochet renunció a su sillón senatorial, y se retiró
a la vida privada, no volviendo a realizar apariciones públicas.
Dos años después de estos sucesos, el 28
de mayo de 2004,
la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento por demencia, y la
Corte Suprema confirmó este fallo por 9 votos contra 8 el 26
de agosto, dejándolo en posición de ser juzgado por su
eventual participación en la denominada «operación
Cóndor». Sin embargo, al analizarse el fondo del asunto,
el procesamiento dictado contra Pinochet fue dejado sin efecto el 7
de junio de 2005.
Con todo, el 6
de julio de 2005
la Corte de Santiago abrió la puerta a una nueva fuente de
conflictos legales, al desaforar a Pinochet para posibilitar el
juzgamiento de su responsabilidad en el caso «operación
Colombo», por la desaparición de 15 opositores a su Régimen.
Las cuentas del
Riggs
A estos problemas
legales se le agregó el descubrimiento, por parte del Senado de los
Estados Unidos, de cuentas secretas que Pinochet tuvo durante el
proceso en Londres en el Banco
Riggs, lo que vino a poner en tela de juicio el origen de su
actual fortuna, ya que el Banco Riggs ha sido conocido por verse
envuelto en problemas por lavado de dinero. Por estos motivos el
Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en
contra de Pinochet, por evasión tributaria, causa que está
actualmente en manos del juez Sergio
Muñoz. Esta situación ha provocado un alejamiento de
sectores de la derecha chilena de la figura de Pinochet.
A principios de 2006,
ésta investigación llevó a que se procesara como cómplices de
delitos tributarios a su hijo, Marco
Antonio Pinochet, y a su esposa, María
Lucía Hiriart de Pinochet, lo que llevó a que Marco Antonio
fuera sometido a prisión preventiva, en tanto que Hiriart tuvo que
ser internada en el Hospital Militar.
Esto último fue
considerado una estratagema para evitar la cárcel por muchos medios
de comunicación, pero otros aseguran que realmente sufrió un
ataque y tuvo que ser hospitalizada.
Pinochet declarado
apto para ser juzgado
Tras la retirada de
la inmunidad para establecer la responsabilidad de Pinochet en la
matanza de opositores izquierdistas («operación Colombo»),
el juez Víctor Montiglio ordenó una serie de exámenes psicológicos,
neurológicos y psiquiátricos.
Según las
conclusiones de seis peritos del Servicio Médico Legal que se
encargaron de los exámenes, entregadas a las partes el 16
de noviembre de 2005,
Pinochet estaría en condiciones psiquiátricas de afrontar un
juicio. Aunque desde el punto de vista neurológico se mantiene el
diagnóstico de demencia subcortical, éste hecho no le impide
participar en un proceso. Según Hernán Quezada, abogado
querellante, «hubo de parte de Pinochet una sobresimulación
para tratar de hacer parecer más grave los síntomas de la
enfermedad que él padece».
El 23
de noviembre de 2005
fue ordenado el procesamiento de Pinochet por enriquecimiento ilícito
y falsificación de documentos. La cifra ocultada al Fisco
podría ascender a los 25 millones de dólares, en su mayoría
procedentes del cobro de comisiones sobre las compras de armas
realizadas en su dictadura. Al día siguiente, el ministro Montiglio
dictó el procesamiento de Pinochet por tres delitos de secuestro
calificado en el marco de la «operación Colombo».
El 20
de enero de 2006
la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó por 13 votos contra
5. Este desafuero es el cuarto que se dicta contra él, pero el
primero que recibe por torturas a las víctimas de la dictadura.
Su muerte
Augusto Pinochet
fallece a los 91 años, el día domingo 10 de diciembre de
2006 a las 14:15 horas[1],
en el Hospital Militar de Santiago,
a causa de una complicación cardíaca. Augusto Pinochet sufría de
innumerables enfermedades que afectaban su salud. Su delicado estado
de salud fue blanco de críticas por considerar que se trataba de
una estrategia para evadir la justicia[1],
según el periodista chileno Alejandro Guillier.
